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Insight🏛️ Gobierno & Política Pública

ANTES DE REGULAR LA IA, MÉXICO NECESITA COMPRENDERLA.

Mientras gobiernos de todo el mundo aceleran la regulación de la inteligencia artificial, México enfrenta un desafío previo: construir las capacidades institucionales y sociales necesarias para comprender la tecnología antes de legislarla.

Karen Anel  Reyes Beristain
Karen Anel Reyes Beristain Asesora Legislativa · Senado de la República
11 de julio, 2026
4 min de lectura
ANTES DE REGULAR LA IA, MÉXICO NECESITA COMPRENDERLA.

El verdadero reto no es la ley


Mientras el mundo debate cómo regular la inteligencia artificial, existe una pregunta que, con frecuencia, queda fuera de la conversación. Se discuten modelos de gobernanza, niveles de riesgo, obligaciones para desarrolladores, derechos de las personas y competencias de las autoridades.

Todo ello es indispensable. Sin embargo, antes de responder cómo debe regularse esta tecnología, quizá convenga responder una cuestión todavía más importante:

¿puede funcionar una regulación cuando buena parte de la sociedad aún no comprende aquello que pretende regular?

La regulación comienza antes del Congreso

Durante algún tiempo pensé que el principal desafío consistía en redactar una buena Ley General de Inteligencia Artificial. Como jurista dedicada a la técnica legislativa, estaba convencida de que el reto era construir un marco normativo capaz de promover la innovación sin renunciar a la protección de los derechos humanos. Con el paso de los meses comprendí que la dificultad no estaba únicamente en escribir una buena ley. El verdadero desafío era mucho más complejo: entender una tecnología que evolucionaba mientras intentábamos regularla.

Esa experiencia transformó profundamente mi manera de concebir el trabajo legislativo.

Cada nuevo concepto obligaba a replantear lo aprendido el día anterior. Lo que para un especialista en inteligencia artificial constituía una explicación técnica, para un jurista implicaba nuevas preguntas sobre responsabilidad, transparencia, supervisión humana, protección de datos, debido proceso o distribución de competencias entre autoridades. Muy pronto comprendí que ninguna disciplina, por sí sola, podía ofrecer una respuesta suficiente. La inteligencia artificial exige un diálogo permanente entre Derecho, ingeniería, ética, educación, economía y políticas públicas.

Sin embargo, el aprendizaje más importante llegó cuando dejé de concentrarme exclusivamente en el contenido de la futura ley y comencé a observar el contexto en el que tendría que aplicarse.

Aprender del mundo sin copiar modelos

Mientras estudiábamos experiencias internacionales y analizábamos distintos modelos regulatorios, seguía encontrando personas que asociaban la inteligencia artificial únicamente con herramientas como ChatGPT, con las redes sociales o incluso con internet. Aquello revelaba una profunda brecha de comprensión sobre una tecnología que ya forma parte de nuestra vida cotidiana.

Entonces apareció la pregunta que transformó mi perspectiva: ¿De qué sirve una Ley General de Inteligencia Artificial si quienes deberán interpretarla, aplicarla, supervisarla o ejercer los derechos que reconoce no comprenden aquello que la propia ley pretende regular?

La experiencia internacional confirma esta preocupación. La Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO sostiene que el fortalecimiento de capacidades humanas constituye uno de los pilares para una gobernanza responsable. En la misma dirección, los Principios sobre Inteligencia Artificial de la OCDE destacan que la confianza depende tanto de marcos regulatorios adecuados como de instituciones sólidas y de una ciudadanía capaz de comprender sus implicaciones.

La regulación comienza mucho antes de que una iniciativa llegue al Congreso.

Si aceptamos esa premisa, el primer paso deja de ser exclusivamente jurídico y se convierte, sobre todo, en una decisión de política pública.

Preparar al país significa mucho más que formar especialistas. Significa construir capacidades en todos los niveles de la sociedad: que quienes diseñan políticas públicas comprendan las implicaciones de los sistemas algorítmicos; que las autoridades cuenten con herramientas para supervisarlos; que jueces y operadores jurídicos puedan interpretar los nuevos conflictos; que las universidades formen perfiles interdisciplinarios; que las empresas innoven con responsabilidad; y que cualquier persona sea capaz de identificar cuándo interactúa con inteligencia artificial y cuáles son los derechos que la protegen.

Sin esa comprensión mínima compartida, cualquier regulación corre el riesgo de convertirse en un instrumento técnicamente correcto, pero socialmente ineficaz.

Instrumentos como el AI Act de la Unión Europea, el AI Risk Management Framework del NIST y el Convenio Marco sobre Inteligencia Artificial del Consejo de Europa ofrecen lecciones valiosas. No obstante, las mejores leyes no se copian; se adaptan. La eficacia de una regulación depende de su capacidad para responder al contexto institucional, económico, tecnológico y social del país que la aplicará.

Lectura ADMAIORA

La competitividad de México en inteligencia artificial dependerá tanto de su capacidad regulatoria como de su capacidad para formar talento, atraer inversión, impulsar infraestructura digital y generar confianza entre ciudadanos, empresas y gobierno.

México necesita aprender del mundo, pero también construir una respuesta jurídica acorde con sus propias circunstancias.


Comencé convencida de que estaba aprendiendo a redactar una ley. Al terminar comprendí que estaba aprendiendo algo más importante: la calidad de una regulación depende tanto de la precisión de sus artículos como de la capacidad de las personas y de las instituciones para comprender aquello que pretende ordenar.

Como escribió Paulo Freire, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para producirlo. Ese principio también puede orientar el trabajo legislativo. Legislar no debería limitarse a establecer obligaciones; también debería crear las condiciones para que la sociedad comprenda la realidad que la norma busca transformar.

Preparar al país


Si hoy me preguntaran cuál debería ser el primer paso antes de presentar una Ley General de Inteligencia Artificial, mi respuesta sería sencilla: preparar al país. Preparar a las instituciones, a las universidades, a las empresas, a los servidores públicos y, sobre todo, a la ciudadanía.

Porque las mejores leyes no son aquellas que simplemente regulan el cambio. Son aquellas que permiten que la sociedad esté preparada para enfrentarlo.

La oportunidad para México


Antes de regular la inteligencia artificial, México necesita prepararse para ella. Solo entonces una ley dejará de ser una respuesta reactiva para convertirse en una verdadera política pública de innovación, desarrollo y protección de derechos.

Regular la inteligencia artificial será indispensable. Comprenderla será lo que determine si México la lidera o simplemente la administra.

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